El presidente Enrique Peña Nieto llega a su Segundo Informe de Gobierno con los méritos de haber sacado adelante en el Congreso un puñado de reformas que prometen cambiar el futuro económico del país.
En esa nueva construcción legal se asienta la retórica de la victoria -bajo el slogan de que ahora sí “México se mueve”- que le abre la puerta de entrada al segundo tercio de su gobierno, en el que tendrá que mostrar que efectivamente las reformas tendrán efectos inmediatos y duraderos sobre el crecimiento económico y la calidad de vida de la población.
Y es que la construcción reformista que ha seguido Peña Nieto y su gobierno en estos primeros 21 meses, aún es un asunto de las élites: de los círculos políticos, de los empresarios, de académicos y, si acaso, de unos cuantos miles de simpatizantes partidistas. Pero la población en general es ajena a las supuestas bondades de estos nuevos acuerdos legales que -según el gobierno- catapultarán a México a nuevos estadios de desarrollo económico. Así lo reflejan las encuestas.
Recientemente una encuesta del Pew Research Center mostraba que 67% de la población estaba insatisfecha con el rumbo que sigue el país y sólo 30% mostró satisfacción. La más reciente encuesta de BGC-Excélsior -levantada entre el 16 y 20 de agosto pasado- corroboró esta misma opinión de los mexicanos: 53% dijo que el rumbo del país era equivocado y 30% que era correcto. Esta misma encuesta arrojó que 56% de los mexicanos “ve igual de mal” o “peor” al presidente Peña Nieto respecto de diciembre de 2012, fecha en la que tomó posesión del cargo.
Incluso en la más reciente encuesta de buendía&laredo llama la atención el repunte que tuvo la percepción negativa sobre la marcha del país entre mayo y agosto pasado, que fue el periodo de discusión y aprobación de la reforma energética. En ese lapso se dio un fuerte incremento, de 36% a 48%, de aquellos que piensan que el país va por “mal” o “muy mal” camino; mientras que la participación de quienes opinan que va por “buen” o “muy buen” camino cayó de 39% a 24%; un nivel sólo comparable a los meses de abril-agosto del gobierno de Felipe Calderón.
Como se ve, a pesar de la fuerte propaganda gubernamental sobre las bondades prometidas por las reformas aprobadas, éstas siguen siendo lejanas a la población -creo que- por tres razones: Por la mala situación de la marcha económica y particularmente de los hogares de menores ingresos, por la persistencia de los problemas de inseguridad pública y violencia, y por la percepción ciudadana de una cada vez más extendida corrupción en el sector público.
Esta última en particular es preocupante en el segundo tercio que inicia el gobierno, periodo en el que se implementarán las reformas aprobadas. En la encuesta de BGC-Excélsior del 25 de agosto pasado, 56% de los ciudadanos contestó no estar de acuerdo con el presidente Peña Nieto en su manejo del “combate a la corrupción de los funcionarios públicos”, uno de los porcentajes más elevados, sólo detrás de los desacuerdos ciudadanos con el manejo del Presidente de la economía.
Así que la corrupción en el ámbito de los funcionarios públicos no es un asunto de percepción de los críticos del gobierno, sino un problema que perciben los ciudadanos, por lo que “castigan” la actuación del Presidente en las encuestas.
La corrupción que manifiestan los ciudadanos está generalmente asociada al gasto público en todos los órdenes de gobierno. De allí que una reforma fiscal, o energética, para generarle más ingresos al gobierno, es incomprensible para la opinión pública si ésta no se antecede con mecanismos institucionales que garanticen la calidad del gasto público y su puntual rendición de cuentas.
Por eso es que noticias como el millonario dispendio y las graves anomalías que muestra el ejercicio del presupuesto educativo anual -dado a conocer recientemente por diversas organizaciones civiles como México Evalúa a partir del Censo Educativo- y que dejan constancia de la extendida corrupción en el ejercicio del gasto público, tienen fuertes repercusiones en la percepción ciudadana sobre la actuación del gobierno que encabeza Peña Nieto.
En el segundo tercio de su gobierno, Peña Nieto está apostando a un rápido crecimiento de la economía a partir de la puesta en marcha de grandes proyectos públicos de infraestructura -como el del aeropuerto que hoy anunciará el Presidente- de licitaciones de obras al sector privado nacional e internacional y de la llegada masiva de inversiones extranjeras directas para alimentar las cadenas productivas.
Pero todo este proceso de ejecución de las reformas está plagado de sospechas sobre la corrupción en el ejercicio del gasto público federal, estatal y municipal, así como la transparencia de las licitaciones que se avecinan.
No consolidar instituciones ciudadanas anticorrupción no sólo alimenta las sospechas, sino también limita las inversiones y los pretendidos efectos positivos de las reformas sobre el desarrollo.
Samuel García
Es economista y periodista económico. Es fundador y director de Arena Pública. Fundó y dirigió El Semanario de Negocios y Economía. Fue director editorial de Negocios del Grupo Reforma y del diario El Universal. Director fundador de Infosel. Fue profesor de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE y Coordinador-profesor del Diplomado en Periodismo Económico de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Columnista y comentarista en diversos medios de comunicación en México.