Cualquier banquero de inversión global interesado en el mercado mexicano lo sabe y lo dice.
Si se trata de financiar a una empresa que participa en una licitación de un proyecto público de inversión en México, es práctica común que al costo de financiamiento se le añada un sobrecosto por las prácticas derivadas de la corrupción o de la ineficiencia del sector público.
Así que las empresas, generalmente multinacionales, que buscan participar en las licitaciones de los proyectos de infraestructura que lanza el sector público y que requieren de bancos de inversión para su financiamiento, deben considerar en sus cálculos un costo financiero adicional.
Según me comentan algunos de los banqueros de inversión, una buena cantidad de estos contratos que respaldan los créditos que se otorgan para financiar la ejecución de los proyectos públicos en México tienen deficiencias que limitan su pleno cumplimiento incrementando los riesgos del acreedor para obtener los beneficios plenos señalados en los contratos.
“Cuando financiamos proyectos del sector público en México sabemos que los contratos pueden incumplirse o impugnarse por razones políticas alargando los tiempos previstos y encareciendo los costos”, me decía uno de estos banqueros con quien conversé hace poco.
Además, algunos de estos bancos de inversión y de empresas multinacionales se ven limitados en sus países de origen a participar en proyectos públicos cuyos contratos corren riesgos de ser impugnados por presuntos actos de corrupción. Y México sigue siendo visto en el exterior como una economía en donde la corrupción está enquistada en el sector público.
Por eso no se trata sólo que la corrupción indigne a los ciudadanos, sino que en el campo de los grandes proyectos públicos -como los que el gobierno ha anunciado para los próximos meses- la corrupción impone costos fiscales -que pagamos todos los contribuyentes- pero también costos financieros que los encarecen y que limitan la competencia.
LA TRIPLE PISTA DE JUAN CARLOS CORTÉS
Uno de los personajes protagónicos de la reforma al campo es, ni más ni menos, que Juan Carlos Cortés García, el actual director de la Financiera Rural o, más bien dicho con todas sus letras, de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
Para nadie en el sector es un secreto que Cortés García juega en una pista triple: Como ex presidente del Consejo Nacional Agropecuario, CNA, tiene “mano” en el actual gremio que preside Benjamín Grayeb Ruiz, así que no llamó la atención el desplegado que firmó la semana pasada el CNA. También desde abril pasado dirige el principal banco de desarrollo del gobierno para el campo que ahora adquiere un rol principalísimo con el anuncio presidencial de la semana pasada por el que se otorgarán 44 mil millones de pesos en créditos. ¡Una verdadera lluvia de créditos!
Y, además, es accionista principal de la empresa Protección Agropecuaria Compañía de Seguros (Proagro), que es una de las principales aseguradoras del campo en el país. Así que Juan Carlos Cortés parece tener todas las fichas en su milpa, de allí que no pocos señalan que en todas estas posiciones que ocupa “el hombre del campo”, hay un claro conflicto de interés.
Ahora la apuesta del director de la Financiera Rural parece apuntar alto, después de que fue subsecretario de Sagarpa al inicio del sexenio de Vicente Fox.
Y es que si el presidente Enrique Peña Nieto decide hacer cambios en la cartera del campo, el poblano Cortés García se apunta para la titularidad de Sagarpa… claro que la cartera ministerial sería sólo un paso previo a su postulación a la gubernatura de Puebla, que -dicen sus cercanos- es su verdadero sueño. Habrá, pues, que seguirle la pista al “hombre del campo” en el sexenio.
EDUCACIÓN ¿PARA EL EMPLEO?
Un dato que ayer publicó Excélsior es digno de analizarse con todo cuidado. Que 40% del total de desempleados que reportó INEGI la semana pasada, tiene educación media superior o superior. Es decir, poco más de un millón de mexicanos educados no tiene trabajo. Y si se toma como referencia a los desempleados urbanos, el porcentaje se agrava y alcanza 46%. No sobra decir que los porcentajes son los mas altos de los últimos siete años en México.
Quizá este es uno de los datos más ilustrativos del fracaso de las políticas de crecimiento económico aplicadas en los últimos años.
Samuel García
Es economista y periodista económico. Es fundador y director de Arena Pública. Fundó y dirigió El Semanario de Negocios y Economía. Fue director editorial de Negocios del Grupo Reforma y del diario El Universal. Director fundador de Infosel. Fue profesor de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE y Coordinador-profesor del Diplomado en Periodismo Económico de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Columnista y comentarista en diversos medios de comunicación en México.