Hoy millones de personas alrededor del mundo estaremos cerca de una pantalla para ver el arranque del Mundial de Futbol en Brasil.
Un deporte maravilloso que, como ningún otro, atrapa la atención de cientos de millones de espectadores alrededor del mundo.
Sin embargo -como bien retrata el reportaje principal de la más reciente edición de The Economist- el futbol es un bello deporte, pero también un negocio sucio. Lo es en Europa, como en América, como en México.
En el ya lejano 7 de septiembre de 2003 la revista Proceso publicó una larga lista de los sueldos “oficiales” de la mayor parte de jugadores que militan en equipos de la primera división del futbol mexicano. Una noticia que llamó la atención porque esta información es generalmente desconocida para el gran público e incluso para las autoridades laborales y fiscales del país.
En aquella ocasión decíamos, a raíz de esta noticia: “La gran mayoría de los sueldos que allí aparecen y que figuran en los contratos que registran estos equipos ante la Federación, instancia legal que los representa, son una burla pública. De acuerdo a Proceso, jugadores como Cuauhtémoc Blanco tienen un sueldo “oficial” de 31 mil 250 pesos mensuales; Luis Roberto Alves “Zague” tiene asignado un sueldo mensual de mil 500 pesos; Roberto Palacios, 15 mil 600 pesos; Oscar “el conejo” Pérez, 25 mil pesos; Miguel Zepeda, mil 400 pesos; y así continúa una larga lista de jugadores con sueldos “oficiales” que rayan en lo absurdo, dado que son públicamente conocidos los millonarios contratos que muchos de esos jugadores firman en el futbol mexicano.
Para no generalizar juicios ni conclusiones injustas, hay que decir que afortunadamente existen excepciones como lo apunta la misma revista Proceso. Pero, desafortunadamente, son eso, excepciones. La industria del futbol mexicano -que es la que nos interesa- se ha caracterizado por maniobrar y actuar con libertades legales de las que no gozan el resto de los ciudadanos de este país.
Habría que preguntarse, por ejemplo, cuáles son las cuotas mensuales que devengan los contratos de los futbolistas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Infonavit o a los fondos de pensiones (Afores), a los que por ley toda empresa constituida en México debe contribuir. O cuáles son las tasas de impuesto sobre productos del trabajo que pagan los clubes por los sueldos que devengan sus jugadores. O por qué los contratos laborales firmados entre jugadores (empleados) y los clubes (empresas) no respetan el espíritu de la Ley Federal del Trabajo a la que todos los demás ciudadanos, trabajadores y patrones, estamos obligados a respetar.
El domingo siguiente a la publicación de Proceso, el diario Reforma decía al respecto: “La Femexfut es la única federación deportiva mexicana que considera a su consejo directivo como ‘instancia definitiva e inatacable’ para resolver las controversias de sus afiliados. Es la sola federación que prohíbe a sus miembros llevar litigios a los tribunales ordinarios, porque así lo ordena el estatuto de la FIFA”.
Y es que la industria del futbol es un territorio libre que se escuda en un monopolio privado internacional (la FIFA) a la que le importa poco violar las leyes nacionales en aras de proteger su multimillonaria industria global. Claro, el mayor pretexto (y su mayor escudo) es la pasión de los millones de aficionados por el futbol en México y en el mundo.
Más de una década después y frente a una nueva fiesta mundial del futbol, las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Acaso continúan existiendo “territorios de excepción legal” en México para el futbol? ¿Existen “sectores francos” para el tratamiento laboral y fiscal de los contratos en la industria del futbol?
Son preguntas que los secretarios del Trabajo, de Hacienda o el director del IMSS deben responder…pero es probable que en estos días no lo puedan hacer porque también estarán frente a las pantallas del televisor viendo este maravilloso deporte…aunque convertido en un sucio negocio por sus promotores y dirigentes.
Samuel García
Es economista y periodista económico. Es fundador y director de Arena Pública. Fundó y dirigió El Semanario de Negocios y Economía. Fue director editorial de Negocios del Grupo Reforma y del diario El Universal. Director fundador de Infosel. Fue profesor de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE y Coordinador-profesor del Diplomado en Periodismo Económico de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Columnista y comentarista en diversos medios de comunicación en México.