¿Hacia una nueva coordinación fiscal?

09-06-2014 12:37

La Constitución Federal establece la obligación de pagar contribuciones a la federación, a los estados y a los municipios en que cada mexicano resida. El propio texto constitucional reserva cierta tributación para la federación (el gravamen a hidrocarburos, comercio exterior, cigarros y cerveza, por ejemplo) y establece que los tributos sobre propiedad inmobiliaria pertenecen a las tesorerías municipales. Fuera de ello, las potestades tributarias de los tres niveles de gobierno pueden ejercerse libremente, en tanto sean proporcionales y equitativas.

Sin embargo, el pago de impuestos es comúnmente atendido –de manera abrumadora- a favor de la SHCP. De los tributos federales se reparten rebanadas a los gobiernos locales bajo un sistema de coordinación fiscal que impone la obligación de no imponer obligaciones tributarias similares a las que establece el Congreso de la Unión.

Así, los estados participan en la recaudación del ISR, IVA, IEPS y derechos federales (incluyendo los de Pemex), en la medida en que no impongan tributos similares a sus gobernados. Este sistema, que hemos anticipado aquí como la adolescencia fiscal de las entidades federativas (De federalismos a federalismos, El Economista 19 de abril de 2012) genera un centralismo económico (y político), al tiempo en que diluye la responsabilidad en el ejercicio del gasto sub-federal, pues no se rinden cuentas de un dinero que se malgasta en una localidad, cuando sus habitantes no contribuyeron a su recaudación.

Por ello, en tanto no se modifiquen las actuales reglas del juego, resulta loable el que ciertas entidades federativas encuentren los espacios que esa camisa de fuerza les deja, para establecer contribuciones que incrementen la recaudación estatal.

Tal es el caso de Yucatán, que decidió emprender una reforma fiscal a finales del año pasado para aumentar la base gravable de algunos impuestos y para crear otros nuevos, teniendo en cuenta que fue derogado el régimen de pequeños contribuyentes (Repecos) del ISR, actualizar sus derechos y plantear nuevas bases de sub-coordinación con los municipios en materia de ingreso y gasto. Esta reforma, comandada por el Secretario de Finanzas de la entidad Roberto Rodríguez Asaf, incluye el saneamiento de la deuda pública del estado y la participación activa del gobierno de la entidad en los foros y acuerdos de coordinación y colaboración fiscal con la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP y con el SAT.

En la medida en que los pobladores de una localidad se conviertan en verdaderos aportantes del erario local, en esa misma medida se transformará la relación de gobernantes y gobernados a una entre electores y autoridades efectivamente electas. La diferencia estriba en que en esta última relación, es primordial el que el ciudadano sea también un contribuyente. Ésta es la mejor coordinación fiscal posible.

No existe mejor forma de fortalecer los procesos democráticos regionales que a través de una verdadera rendición de cuentas del gasto público que ejercen las autoridades de la localidad. Para ello, el dinero que se gasta debe ser de quienes ahí habitan y no dinero de una bolsa de participaciones pagadas por contribuyentes de otras partes del país. Al transparentarse el gasto se fortalece la capacidad de establecer y cobrar impuestos.

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