Porno-venganza, un delito que podría ser castigado en México con cárcel
Nuevas medidas contra el hostigamiento sexual harán que la venganza no sea tan dulce.
De seis meses a tres años de prisión y de 800 a dos mil días de multa el equivalente a 64 mil 480 pesos a los 161 mil 200 pesos de acuerdo con la Unidad de Medida y Administración, podría ser la sanción impuesta en México a quien cometa un acto de “porno-venganza”.
Es decir que compartir contenido sexual de una persona con la que se haya tenido alguna relación afectiva, sentimental o de confianza sin su consentimiento podría ser considerado un delito.
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Además, la sanción podría aumentar si el contenido involucra a un menor de edad o personas sin capacidad de comprender el hecho o la capacidad de resistirlo.
Se trata de una iniciativa impulsada por Víctor Hermosillo y Celada, senador del PAN desde septiembre de 2016 y la cual fue aprobada por la Cámara de Senadores en diciembre de 2017.
Dicha iniciativa busca modificar el Código Penal Federal para incluir la porno-venganza como un delito de hostigamiento sexual.
Quienes cometan el delito de "porno-venganza" podrían pasar de tres meses a seis años de prisión
Sin embargo, de ponerse en marcha estas sanciones a quienes cometan este tipo de delito, la participación y compromiso por parte de la policía ministerial es esencial para evitar revictimización.
Y es que las víctimas de porno-venganza tendrían que recurrir a autoridades ministeriales para solicitar que el contenido sea eliminado en un plazo no mayor a doce horas de los medios de comunicación o medios digitales, sin embargo, aún no se tiene especificado cómo sería el proceso para eliminar dicho contenido de donde haya sido publicado.
Desafortunadamente el delito de la porno-venganza podría seguir quedando impune pese a esta reforma.
Lo anterior tiene que ver con que en su mayoría los delitos entre ellos los sexuales a nivel nacional no son denunciados o simplemente no derivan en averiguación previa, como lo señala la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017.
Tan sólo de 2010 a 2015, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, estimó que alrededor de 2 millones 996 mil 180 delitos sexuales en México no fueron reportados a las autoridades.
Una de cada diez víctimas de delitos sexuales levanta una denuncia.
Durante esos mismos cinco años 110 mil 914 personas figuraron como víctimas en averiguaciones previas por delitos de violencia sexual, es decir sólo denuncia una de cada diez víctmas de delitos sexuales.
Además, en el caso específico de la Policía Ministerial Preventiva, es la autoridad en la que los mexicanos menos confían y en la que perciben como menos efectiva, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de diciembre de 2017.
Lo anterior significaría una limitante para que víctimas de la porno-venganza recurran al Ministerio Público para levantar una denuncia en contra de sus atacantes.
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No obstante, el auge de medios digitales se ha convertido en la principal vía de distribución de contenido sexual ya que vulnera la seguridad física y emocional de la persona afectada.
“Uno de los actos de violencia de género más comúnmente cometidos mediante la tecnología es la difusión de imágenes o videos donde una mujer aparece desnuda o semidesnuda, o bien realizando algún acto sexual sin su consentimiento…” se lee en un artículo publicado por la organización de Derechos Digitales en 2016.
Por su parte, el senador Víctor Hermosillo y Celada quien impulsó la iniciativa para contemplar la porno-venganza como un acto de hostigamiento sexual, asegura que el 90% de las víctimas son mujeres.
En otros países la “porno-venganza” ya es castigada
Debido a que la porno-venganza es un problema global, en otras naciones también se realizaron modificaciones a la ley para castigar el delito.
En países como Japón, Reino Unidos, España y algunos lugares de Estados Unidos como Nueva Jersey, California Maryland y Nueva York, compartir este tipo de contenido sexual con la finalidad de afectar la imagen de otras personas ya es considero como un delito.
En el caso de Japón, es el primer país en aprobar una ley para enfrentar este delito y castigar a los implicados de la distribución de este material con una pena de uno a tres años de prisión y multas que podrían llegar hasta los cuatro mil 268 dólares.
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