Me duele México

Qué avasalladora realidad nos encontramos todos los días en México. En las ciudades y en el campo, a donde volteemos hay disfuncionalidades, crimen, injusticias, ignorancia, brechas, abusos, rezagos, impunidad.

No es novedad, pero a medida que pasan los años, pesan más estas carencias, rezagos y guerras intestinas. Nos pesan como país, como ciudadanos, como consumidores y productores, como profesionistas y como madres y  padres de familia.

Es desolador, y cada vez veo más difícil y oneroso revertir este estado de cosas. Sea como usuarios del aeropuerto con una sola pista, y baños que se caen a pedazos, pero con un TUA altísimo; o como derechohabientes de los servicios médicos de seguridad social que son una ruleta rusa, o bien como admiradores de los recursos naturales y biodiversidad mexicanos que vemos extinguirse a manos de tala-bosques, inmobiliarias, traficantes de fauna silvestre y caciques, o como testigos o víctimas del crimen en todos los rincones del país. México me duele.

Cada vez admiro más la labor de sendas organizaciones de la sociedad civil que luchan por revertir estos y muchos otros males; por que los mexicanos ejerzan sus derechos a la educación, a la salud, a la libertad de expresión, a la privacidad, a la justicia y la reparación de daños, a los beneficios que la competencia, la transparencia y la información brinda a los consumidores, a la legalidad, al acceso a la información. Hay organizaciones civiles más eficaces, transparentes y éticas que otras, sí. Las que lo son, claro está, son un bálsamo ante la ausencia de Estado eficaz y mercados con responsabilidad social.

Cada año estas organizaciones luchan por su subsistencia, por obtener fondos de fundaciones, por conservar su estatus de donatarias autorizadas ante el SAT, por concientizar a la ciudadanía para que participe más con tiempo, dinero, servicios a la comunidad, pues las labores sin fines de lucro tienen un límite. Todos necesitamos ser remunerados por nuestro trabajo así que el voluntariado que hace tanta falta en México, no puede sin embargo, agotar todo el trabajo que se requiere para cambiar comportamientos, sistemas, incentivos, carencias, impunidad y rezagos.

En realidad las organizaciones sin fines de lucro se abocan a tareas que corresponden originariamente al Estado: derechos fundamentales, justicia, protección de la niñez, salud, educación, luchar contra la impunidad, la destrucción del medio ambiente o lograr accesos a servicios básicos que ni Estado ni mercado han podido proveer. 

Su impacto varía de acuerdo a su presupuesto, su capital humano disponible, su grado de disrupción e innovación, pero debemos apoyarlas como Estado, como ciudadanos donantes, como mercado. Sin la labor valiosa de este sector social el sufrimiento y descomposición social y ecológica sería aún mayor en México en donde casi nada funciona en la práctica como se pretende que funcione conforme a las leyes. La aplicación de las normas en México por las autoridades es aún una tarea pendiente, pareciera que no está en el ADN mexicano cumplir ni hacer cumplir la ley. Entonces ¿para qué legislar, reformar, si solo son recomendaciones?

Hay organizaciones que gastan sus recursos para interponer amparos por omisión pues solo con un mandato judicial parece que una autoridad administrativa está dispuesta a cumplir lo que la ley le exige. Ejemplos sobran:

Cuando la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión creó, con gran visión, la figura de las concesionarias de uso social tanto comunitarias e indígenas, lo hizo en respeto de la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información de las comunidades y pueblos indígenas. Su derecho al uso gratuito del espectro es una condición indispensable para su existencia y subsistencia y en el caso de las radiodifusoras indígenas y comunitarias a las que se les prohíbe subsistir obteniendo ingresos producto de publicidad comercial, se ideó un medio de subsistencia consistente en que todas las dependencias y entidades del gobierno federal están obligados a destinar el 1% de su presupuesto de comunicación social para gastarlo en la difusión de sus mensajes en estas radiodifusoras comunitarias e indígenas.

Esta obligación está vigente desde agosto de 2014 y prácticamente ninguna dependencia del gobierno federal la ha cumplido. Sé que el órgano autónomo Instituto Federal de Telecomunicaciones sí la cumple y asigna el 1% de su hoy muy recortado presupuesto a anunciar sus campañas sociales en los medios comunitarios e indígenas. El resto del gobierno se anuncia en medios comerciales y públicos, pero no en medios de uso social, en flagrante violación de su obligación legal, con contadas excepciones.

Sin la valiosa labor de las organizaciones de la sociedad civil, el sufrimiento y descomposición social y ecológica sería aún mayor en México, en donde casi nada funciona en la práctica como se pretende que funcione conforme a las leyes

Desfalcos en el seguro popular, en los recursos etiquetados para atención de desastres naturales, extinción de programas eminentemente sociales como guarderías, y tantos otros programas que se pagan con nuestros impuestos y que mitigan la pobreza, desigualdad e injusticias ahora se extinguen y en cambio se usarán nuestros impuestos para salvar a Pemex, una institución ineficaz, corrupta y con un sindicato que, como el de todo monopolio, es igualmente ineficiente y corrupto para que fortalezca su poder de monopolio aún más.

Muchas décadas desde luego han sido necesarias para estar hoy en esta situación de Estado fallido que hoy tenemos, todos somos corresponsables en alguna medida, pero la velocidad con que avanza el mundo del siglo XXI altamente tecnificado hará que los rezagos, carencias, baja productividad y capacitación, la impunidad y total soslayo de la ley, sean aún más lacerantes por que será ya inhabitable México, un país en el que la norma es una recomendación, no tiene credibilidad, y sin ésta no hay incentivos a la inversión y al consumo.

Si no se da un giro de 180 grados a la ausencia de Estado de Derecho en lo privado y en lo público, si no se abate la impunidad, si la sociedad civil es la que tiene que asumir toda la carga de las causas sociales que ni los individuos aisladamente ni el Estado pueden resolver, mucho más amigable tendría que ser el entorno fiscal, legal y patrimonial de la sociedad civil organizada, para seguir luchando por cambios en la vida diaria del campesino y el citadino, el bosque y la selva, las niñas, niños y las mujeres, los indígenas y las personas con discapacidades, los animales y el agua.

Y, por supuesto, la sociedad civil no puede triunfar en sus casos y causas sin un Estado que hace justicia, así que éste es el escalón número uno para salir de este infierno que es la ley del más fuerte.

@LabardiniA