La disposición del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir el robo de gasolina, pese a los problemas de desabasto causados por su cuestionable estrategia, es digno de aplauso y en cierta forma ya lo está recibiendo: hasta el 89% de la población encuestada por diversos sondeos respalda las medidas que se han adoptado contra el llamado “huachicoleo”.
Esta disposición y apoyo no deben ser minimizados, pero tampoco sobredimensionarse. Semanas después de que el presidente Felipe Calderón lanzó la guerra contra el crimen organizado, el 84% de los ciudadanos entrevistados consideró adecuada la estrategia, según una encuesta de 2007 levantada por Consulta Mitofsky y México Unido contra la Delincuencia, apoyo que se perdió aceleradamente.
El fracaso de la guerra contra el narcotráfico está lejos de ser comparable con la actual estrategia contra la sustracción ilegal del combustible; sin embargo, esta última podría seguir una ruta similar, por lo que es importante recoger las lecciones que ha arrojado la primera.
Para ello, hay que reconocer que las acciones emprendidas para evitar el hurto de gasolina son tan drásticas (el cierre inicial de toda la red de ductos para gasolina), tan extendidas a nivel nacional (casi un tercio de las entidades federativa), con respuestas tan graves de los delincuentes (al menos cinco actos de sabotaje a los ductos) y con efectos potenciales tan importantes sobre la población (parálisis de la actividad económica) que bien pueden denominarse ya como la Guerra contra el Huachicol.
Una primera lección que puede derivarse de la fallida guerra contra el narco es la importancia de realizar acciones focalizadas basadas en información e inteligencia que permita dar golpes certeros contra los criminales.
Dispersar los esfuerzos en una multiplicidad de frentes sin una estrategia que provenga de un diagnóstico sólido no sólo debilita las acciones, sino que puede incluso generar resultados contraproducentes. En este sentido la guerra contra el huachicol parece haber comenzado de forma defectuosa al no percibirse operativos bien delimitados con base en datos precisos sobre los puntos débiles del enemigo a vencer. El cierre generalizado de ductos y la subestimación de los efectos de esta medida hablan de un error análogo al de la guerra contra el narcotráfico.
Una segunda lección es la necesidad de contener los efectos adversos a la población en general de las acciones contra el crimen organizado.
En la guerra contra el narco, numerosas veces los ciudadanos sufrieron no sólo las represalias de los criminales sino también las propias acciones del gobierno, como daño colateral o como violación directa a sus derechos. En el caso del combate al robo de gasolina, la principal afectación recibida es la falta de combustible, pero esto podría escalar al desabasto de los bienes y la afectación de los servicios que dependen crucialmente de vehículos terrestres, como la provisión de alimentos perecederos y el transporte público.
Hasta el momento, las afectaciones se perciben como transitorias y con efectos secundarios aún moderados.
El cierre generalizado de ductos y la subestimación de los efectos de esta medida hablan de un error análogo al de la guerra contra el narcotráfico.
Finalmente, la guerra contra el narcotráfico ha enseñado que más vale enfocarse en el dinero procedente de la actividad criminal, desmantelando sus redes financieras, que la captura de delincuentes o el decomiso de droga. Frecuentemente, el apresamiento de grandes criminales sólo abre una lucha, a veces cruenta, para encontrar a sus sustitutos, y la acumulación de mercancía ilegal incautada no necesariamente detiene la actividad que le da origen.
Traducido a la guerra contra el huachicol, esto significa identificar y extinguir las grandes fortunas provenientes de la venta de gasolina robada y erradicar el lavado de dinero proveniente de la venta ilegal del combustible. Esto ya está ocurriendo de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pero su impacto es aún reducido (15 casos donde se han congelado cuentas por algunos centenares de millones de pesos, ninguno de ellos recuperado, de los 45 mil millones que se estima alcanzó el lavado de dinero por el combustible ilegal en los últimos dos años).
Aunque la guerra contra el huachicol ya está en marcha, tiene un amplio margen para corregir el camino de una forma decisiva. Para ello requiere fortalecer el golpe a las finanzas del robo de combustible y el monitoreo fiscal a la venta de gasolina. También debe moderar los efectos del desabasto sobre la población en general, inicialmente con esquemas de racionamiento de gasolina que privilegien el transporte público y de bienes básicos, y posteriormente sustituyendo las acciones generalizadas contra la extracción ilícita de gasolina por operativos quirúrgicos basados en labores de inteligencia.
Lo peor en esta nueva batalla sería sumar a la fallida guerra contra el narcotráfico la pérdida de la guerra contra el huachicol.
Rodolfo de la Torre
Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.