Año nuevo, régimen nuevo

Resulta paradójico que la entrada en vigor de un nuevo presupuesto público en 2019, el primero asociado a la autoproclamada cuarta transformación que tiene al combate a la desigualdad como uno de sus ejes, reduzca el porcentaje que representa el gasto social respecto a lo que llegaron a dedicar los gobiernos llamados “neoliberales”.

Por supuesto, el gobierno actual ha comenzado a dar un carácter redistributivo al aumento marginal de sus recursos, y varias de las administraciones anteriores extendieron notablemente el alcance de la economía de mercado descansando más sus expectativas de desarrollo en la libertad económica que en la capacidad del Estado para conducirlo. Sin embargo, esto habla de lo complejo que resulta la realidad como para ser encapsulada en etiquetas fáciles y recetas de libro de texto.

El mayor gasto social como proporción del gasto programable (61.9%) lo planteó el gobierno de Ernesto Zedillo como herencia para la siguiente administración, de acuerdo con datos del Centro de Estudios para las Finanzas Públicas.

En contraste, el presupuesto del presidente Andrés Manuel López Obrador contempla un gasto social del 54% del gasto programable. Claramente, el presidente enfrenta hoy una restricción de recursos que inhibe sus posibilidades de ejercer un gasto social más sustancioso, pero si ésta limitante es modificada en el futuro, aún tiene un largo camino que recorrer para ser el mandatario que más eleve este tipo de gasto.

Entre 1990 y 1995, una vez renegociada la agobiante deuda externa, Carlos Salinas aumentó 15.3 puntos porcentuales el gasto social como proporción del programable, el mayor incremento en los últimos 28 años. 

Con estas cifras, tildar llanamente de “neoliberales” a los gobiernos anteriores es por lo menos inexacto, si no es que un despropósito. En cambio, el avance registrado en la libertad económica va más de acuerdo con lo que a veces se quiere comunicar con este término.

Con estas cifras, tildar llanamente de “neoliberales” a los gobiernos anteriores es por lo menos inexacto, si no es que un despropósito

El Informe Anual 2018: Libertad Económica en el Mundo, comisionado por el Instituto Frasier y difundido por el Instituto Cato, muestra un avance sustancial de la libertad económica en México en las últimas tres décadas, con un aumento del indicador, en una escala de cero a diez, de 4.67 en 1985 a 6.90 en 2016.  Este aumento de la libertad económica proviene fundamentalmente de la reducción de obstáculos al comercio internacional, y de la desregulación del mercado interno. En otras palabras, México avanzó sustancialmente en el peso que juega el libre mercado en la economía.

El “nuevo régimen” podría dar marcha atrás a esta tendencia, aunque hay elementos iniciales para moderar esta expectativa. Por una parte, el austero presupuesto y la promesa de no llevar a cabo una reforma fiscal prácticamente mantienen sin cambio el primer componente del índice de libertad económica, el tamaño del sector público.

Tampoco parece haber riesgos de corto plazo a la estabilidad económica por la política monetaria, otro componente favorecedor de la economía de mercado. En cuanto al libre comercio, un tercer componente, el nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá, aunque más restrictivo, poco ha cambiado el panorama general.

En cambio, los últimos elementos, el respeto a un estado de derecho y a los derechos de propiedad, así como la regulación de los mercados, podrían tener retrocesos, a decir de episodios como la cancelación del aeropuerto de Texcoco y las intervenciones en precios clave, como el de la gasolina y el salario mínimo.

Elementos como el respeto a un estado de derecho y a los derechos de propiedad, así como la regulación de los mercados, podrían tener retrocesos

La libertad económica siempre será un importante factor de desarrollo, con valor propio y como instrumento de mayor prosperidad. Sin embargo, cierta libertad económica es sacrificable por otros objetivos (como en el caso de los impuestos) y, pese a que se asocia significativamente con el bienestar, abundan los casos en donde una mayor libertad económica no es garantía de progreso social y viceversa.

Tan sencillo como observar que tanto los Estados Unidos como Guatemala han tenido un mayor índice de libertad económica que México en los últimos cuarenta años con resultados muy diferentes respecto a nuestro país, o considerar que el país que frecuentemente aparece con mayores niveles de desarrollo en el mundo, Noruega, tiene menos libertad económica que Estados Unidos y Guatemala.

La llegada de un “nuevo de régimen” está por verse y en todo caso puede ser irrelevante si se queda en un cambio marginal o de meros instrumentos que no alcanzan sus fines. Este cambio puede ser o no adverso a la libertad económica, pero ese no debe ser el parámetro central para evaluarlo, sino los resultados en bienestar que se deriven de la combinación de la intervención del estado y la libertad de mercado.

Suponer que las recomendaciones simples de una mayor libertad económica, o un mayor gasto social, bastan para un mayor desarrollo es no entender lo difícil que es alcanzar este último.

@equidistar