Por un INE independiente y autónomo

29-01-2019 15:56

El pasado 23 de enero el Instituto Nacional Electoral (INE) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, en el que la Cámara de Diputados decidió reducir 950 millones al solicitado por el Instituto.

El INE considera que tal reducción:
1) representa una vulneración a su autonomía e independencia y
2) pone en riesgo sus funciones sustantivas y el ejercicio de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía.

La decisión de la Cámara de Diputados de reducir en 950 millones de pesos frente al presupuesto originalmente planteado por el Instituto Nacional Electoral (INE), no puede ser vista como una simple medida de asuteridad, es una decisión intencionada para vulnerar la autonomía del Instituto, como se ha hecho con otros órganos autónomos, siguiendo la consigna del presidente de la República de “hacer más con menos”.

La gravedad, es que el INE es la institución garante de los procedimientos que hacen posible nuestra democracia: el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía y la competencia de los grupos políticos en condiciones de equidad para acceder al poder por la vía pacífica. 

La autonomía es fundamentamental para garantizar que el órgano electoral no esté sujeto a presiones o injerencias de los poderes públicos, partidos políticos o medios de comunicación en el cumplimiento de sus funciones y toma de decisiones. Toma de decisiones que los afectan directamente.

En términos constitucionales, el INE tiene autonomía financiera-presupuestaria, lo que implica la facultad de definir y proponer sus propios presupuestos y de disponer de los recursos económicos que sean asignados para el cumplimiento de sus funciones. 

A pesar de ello, la Cámara de Diputados decidió de manera unilateral la reducción de los recursos, sin haber establecido un diálogo con el INE para establecer de manera conjunta una reducción que no pusiera en riesgo la capacidad financiera del Instituto para llevar a cabo sus funciones constitucionales.

El INE ha advertido que debido a la reducción presupuestal, están impedidos a participar en los procesos electorales de 2019 en Baja California, Durango, Aguascalientes, Qunitana Roo y Tamaulipas, a expedir millones de credenciales para votar; fiscalizar los recursos de los partidos políticos y de los candidatos y monitoree las transmisiones de radio y televisión, entre otras. 

¿Qué motivó a que la Cámara aprobara esta reducción? No sabemos, no ha justificado su decisión. En un Estado de derecho, las decisiones de todos los órganos públicos deben “fundamentarse y motivarse”. Cada decisión debe tener su fundamento en el marco constitucional y/o legal y una explicación suficiente de porqué dicha decisión es necesaria a pesar de los costos que esta implique.

La Cámara de Diputados fue omisa con esta obligación. Sin embargo, los argumentos del INE para interponer la controversia constitucional, me parece, son muestra que esta decisión no obedece a falta de recursos en las finanzas públicas:

Primero, mientras que se reducen los recursos del INE aumenta el gasto público: “en términos nominales el PEF aumentó en 2019 en 10.6% respecto a 2018, y en términos reales, descontando la inflación, el incremento fue de 5.6%”.

Segundo, el Anteproyecto de presupuesto del INE ha sido el más bajo de su historia, en el cual se previeron reducciones a las remuneraciones reales netas de sus altos funcionarios. Mientras que en 2015 obtuvo un presupuesto de 15 mil 880 millones de pesos, para 2019 el presupuesto solicitado fue de 11 mil 303 millones de pesos. Esto es 4,577 millones de pesos menos. En otras cifras: De cada 100 pesos gastados por la Federación, el INE propuso ejercer únicamente 20 centavos.

En 2018, se le autorizaron ejercer 33 y en 2015, 28 centavos por cada 100 pesos mexicanos. El presupuesto de 2019 representaba una reducción de 37.4% respecto al de 2018. En su propuesta de presupuesto para 2019, mantuvo su gasto operativo sin cambios respecto al de 2018. 

Frente a la evidencia, existe la fundada sospecha de que la intención fue vulnerar la independencia y autonomía de nuestro órgano electoral.

Con esta decisión, la Cámara de Diputados le impide cumplir a cabalidad con sus funciones constitucionales, quizá con la intención de obligarlo a solicitar una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, decisión, que de facto lo sometería al Poder Ejecutivo. 

Es cierto que el INE es una institución que nos cuesta mucho a los mexicanos, pero también es cierto que a lo largo del tiempo ha sido una institución que genera confianza y que por lo mismo, cada vez más se le han cargado funciones que quizá no le correspondan, por ejemplo, la fiscalización del gasto de partidos políticos o el monitoreo del tiempo de los partidos en radio y televisión, y lo ha hecho bien.

A pesar de la práctica antidemocrática de los actores políticos de no aceptar los resultados y responsabilizar al INE por sus “derrotas”, el INE ha cumplido a cabalidad con sus funciones y ha garantizado, con transparencia e imparcialidad, que los mexicanos podamos ejercer nuestro derecho al voto y que dichos votos se cuenten y se cuenten bien.

No hay más que visibilizar las intenciones de debilitar a una de las instituciones que hacen posible nuestra vida democrática y el riesgo que ello conlleva. Cada uno de los Diputados llegó al poder gracias a que existe este entramado institucional complejo liderado por el INE.

Esperamos que cesen estos intentos y podamos seguir resolviendo nuestras diferencias políticas a través del voto y no a partir de la violencia, a partir del diálogo y no del ejercicio del poder fuera de la legalidad y sin rendición de cuentas.