Sistema de Administración de Beneficiarios

El mediocre crecimiento económico, la persistencia de la pobreza, y la fragilidad de las finanzas públicas, demandarán cada vez más se haga un uso eficiente y equitativo de los recursos destinados a los programas sociales. Para ello es necesario construir una nueva institución, una análoga al Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero concentrada en el manejo del gasto social.

Así como el SAT se ocupa de aplicar la legislación fiscal para que las personas físicas y morales contribuyan equitativamente al gasto público, se requiere un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social que aplique la legislación necesaria para que los ciudadanos, y algunas organizaciones sociales, reciban equitativamente parte de lo recaudado.

Se trata de una institución que identifique la falta de atención de los derechos sociales y facilite e incentive a los ciudadanos y sus organizaciones reclamar las transferencias y servicios públicos básicos que les correspondan por ley. Este órgano proporcionaría gran parte de la información necesaria para el diseño y el monitoreo de la política social.

Un Sistema de Administración de Beneficiarios (SAB) identificaría a las personas elegibles para recibir transferencias monetarias y no monetarias de acuerdo a sus carencias, y si los gobiernos federal, estatales y municipales están proporcionando tales transferencias, consolidando para ello la información de potenciales beneficiarios y de todos los programas sociales.

El SAB sería un instrumento para hacer valer los derechos sociales como tales, pero no se reduciría a una ventanilla de reclamaciones. También informaría a las personas cuándo no cumplen las condiciones para recibir apoyos y aplicaría la regulación correspondiente para retirarlos cuando estos no estén permitidos, se dupliquen o se deje de presentar la situación que los justificaba.

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Es evidente que para atender a los beneficiarios el sistema debería llevar un registro de los mismos, pero esto no lo convierte en un mero repositorio de listados de personas atendidas. Una tarea más importante del SAB sería rastrear a la población que debería recibir apoyos de muy distinta índole, y que por diversas circunstancias no los está recibiendo, y ayudarla a participar en los programas.

La función clave del SAB sería la de alinear el gasto social a la población y dimensiones prioritarias del desarrollo nacional. Esto significa evitar que los gobiernos creen o mantengan programas sociales que no se dirijan a los grupos con mayores desventajas ni a las carencias más importantes de los mismos, es decir, eliminar la discrecionalidad en la asignación del gasto social.

Para realizar esta función, los estados y los municipios deberían renunciar a su facultad de determinar unilateralmente el destino de cierto gasto público, adhiriéndose a reglas de asignación predeterminadas. Esta renuncia sería una extensión de la que ya hacen los gobiernos locales a una parte de sus potestades tributarias y que permite a la federación recaudar algunos impuestos por ellos.

Según Coneval, en México existen 6,751 programas y acciones sociales

Una institución como el SAB no existe hoy en México. En su lugar tenemos 6,751 programas y acciones sociales en todo el país, según el CONEVAL, cada uno con su idea de lo que es prioritario y su propia delimitación de la población a la que atiende. Esto es un caldo de cultivo para dispersar esfuerzos, desviar gasto social a clientelas y desperdiciar recursos fiscales.

Las dificultades técnicas de crear un SAB pueden ser enormes, pero la experiencia internacional muestra que son superables. Carecer, por ejemplo, de un registro único de población o contar con una multiplicidad de padrones de beneficiarios puede resolverse con el registro voluntario de potenciales beneficiarios, la auditoría de padrones y la ayuda de la tecnología.

Crear un organo como el SAB no es un problema exclusiva ni principalmente técnico. No basta con generar y mantener un sistema de información de la población, de sus carencias y de las características de los programas sociales con la expectativa de que los gobiernos se arrepientan y se corrijan a sí mismos al ver reflejados en dicho sistema sus “errores”.

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El mayor obstáculo a la creación de un SAB es político. Se trata de convencer a gobernadores y presidentes municipales, al mismo Ejecutivo Federal y en buena medida a los legisladores, de que sacrifiquen la discrecionalidad, la opacidad y las clientelas aparejadas al gasto social que pasa de una u otra forma por sus manos. En suma, se trata de restarles poder ciñéndolos a reglas.

Este nuevo balance de facultades tal vez tenga que plantearse por presiones a la clase política o empujados por una crisis, en la que la economía se deprima, la pobreza aumente y las finanzas públicas entren en un estado de emergencia. En cualquier caso, la falta de un SAB nos acerca a un entorno de ineficiencia e injusticia que hace cada vez más factible el que sea exigido.

* El autor es director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias

Twitter: @equidistar