Amenazas naturales y vulnerabilidades sociales

La energía física de los dos grandes terremotos que asolaron recientemente al país es asombrosa, similar a más de 32 mil bombas nucleares detonadas bajo tierra.

La equivalente a más de mil de ellas fue liberada a 120 kilómetros de la Ciudad de México el 19 de septiembre pasado.  

Debido a que la mancha urbana se asienta parcialmente en lo que antiguamente fue un lago, la intensidad del sismo fue semejante a la del ocurrido en la misma fecha en 1985. Sin embargo, a diferencia de la destrucción que ocasiona una explosión nuclear en su punto de detonación, el daño no fue ni remotamente homogéneo. Esto no es una mera cuestión de física sino también de distintas vulnerabilidades sociales.

Oaxaca y Chiapas son de los estados más pobres de México.

Las amenazas de la naturaleza, como los sismos, pueden tener efectos catastróficos sobre los seres humano, como la pérdida de vidas y la destrucción de riqueza, lo que no convierte a tales desastres en “naturales”. No hay nada natural en que unas personas perezcan y otras sobrevivan, o que ciertas construcciones se derrumben y otras no donde ocurre un sismo de igual intensidad para todos. Las vulnerabilidades ante las fuerzas de la naturaleza se construyen socialmente, en ocasiones por el libre mercado en otras por las omisiones del estado. Tales fragilidades son expuestas por los fenómenos naturales, en ocasiones de forma dramática.

La mayor vulnerabilidad social es la pobreza extrema. En nuestra economía persistían más de 9 millones de personas en esta situación en 2016, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación la Política de Desarrollo Social, de las cuales 2.5 millones se encontraban en Chiapas y Oaxaca.

Por ello, con un gran sismo en esa región, como el del 7 se septiembre pasado, no es de sorprender que ahí se concentren las mayores pérdidas humanas y materiales.  Pero la pobreza moderada también conlleva sus vulnerabilidades, como lo atestigua el caso de Juchitán, Oaxaca, con baja pobreza extrema, donde ocurrieron 76 de las 96 víctimas de ese primer sismo.

El terremoto del 19 de septiembre pasado rompe con este esquema. Cerca de dos tercios de las víctimas y la mayor parte de los daños materiales corresponden a la Ciudad de México, más que a los estados vecinos que son más pobres. Sin embargo, las vulnerabilidades también provienen de la desigualdad económica, que en la ciudad es de las más altas del país.

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Así, mientras que en la afluente zona de Santa Fe no hubo un solo percance en sus elevados edificios, a unos kilómetros, en el modesto pueblo de Santa Rosa Xochiac, se registraron severos daños a viviendas de poca altura, ambos sitios donde la fuerza del sismo fue relativamente baja.

La mayor intensidad y tragedia sísmica ocurrieron en la parte de la ciudad que alguna vez fue un lago y actualmente tiene niveles de vida intermedios o altos, como las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez. Ahí, la desigualdad económica situó en desventaja a quienes sólo pudieron habitar viviendas viejas e inseguras. Sin embargo, la caída de edificios nuevos o supuestamente en buenas condiciones evidenció la vulnerabilidad de las clases medias proveniente de la corrupción, donde un mercado de permisos y edificaciones que violan los reglamentos de uso de suelo y de construcción prolifera ante la indolencia o el contubernio de la autoridad.

Efectos del sismo ocurrido el 7 de septiembre en Chiapas.

La elevada desigualdad económica de la Ciudad de México, sólo inferior a la de Chiapas, hace aún más admirable la solidaridad desplegada por sus ciudadanos con las víctimas. Las redes de ayuda mutua, el capital social, suelen deteriorarse ante las diferencias económicas.

Más aún, la presencia de terremotos eleva la probabilidad de conflictos al producir escasez de recursos básicos en zonas densamente pobladas. De forma preocupante, hubo robos y saqueos apenas después del segundo sismo sin que se generalizaran, pero estos sirven de advertencia sobre posibles problemas de inseguridad en el futuro.

La actividad de la sociedad civil para el rescate fue inmediata tras el segundo sismo, y la respuesta gubernamental, aunque ágil, se desfasó respecto a la primera. Esto pareciera una limitación de nuestras instituciones, sin embargo, tal situación está en línea con la experiencia internacional.

En múltiples emergencias registradas en otros países, con igual o mayor preparación ante catástrofes, los ciudadanos son los primeros en proveer ayuda. Saber si la acción gubernamental estuvo a la altura de las circunstancias enfrentadas tomará tiempo, pero ciertamente hay campo para mejorar la coordinación inmediata entre ciudadanos y autoridades.

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Es temprano para calcular el costo económico de los sismos, y resultará difícil estimar su impacto sobre la pobreza y la desigualdad. La experiencia previa, que sobreestima los efectos, apunta a daños por 2.4% del PIB,  una elevación de 2.3% en la población que no tiene ingresos suficientes para comprar la canasta alimentaria y un aumento de cerca de 1.3% en el indicador más común para medir la desigualdad (índice de Gini). Lo más preocupante, sin embargo, es que las consecuencias económicas y distributivas tardan hasta una década en desaparecer, lo que hace a las zonas siniestradas más propensas a futuros desastres. 

Seguiremos teniendo sismos, incluso más intensos que los que recientemente sufrimos. Esto es inevitable, pero no lo es el conjunto de vulnerabilidades sociales que nuestra organización social permite o genera y que convierte a las fuerzas de la naturaleza en tragedias humanas. Si ocurriesen de igual forma será una negligencia colectiva, como Estado.

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