La reforma energética y sus posibles impactos

21 Enero, 2014

Después del inesperado tropezón que tuvo la economía mexicana en 2013, el panorama para este año apunta a una mejoría importante en materia de crecimiento económico. Y es muy probable que veamos a las autoridades atribuir parte de esta recuperación al efecto en las expectativas de las reformas aprobadas el año pasado; de hecho, las reacciones de numerosos medios nacionales e internacionales, así como de muchos analistas parecerían avalar dicha percepción.

En particular, la reforma energética se ha considerado como “la joya” de las reformas del primer año de gobierno ya que, en teoría, es la que pudiera tener los mayores efectos sobre el crecimiento y el empleo en el mediano y largo plazos. 

Sin lugar a dudas, la reforma constitucional en materia energética ha sido un logro histórico por el tabú que ha representado el sector petrolero durante más de 70 años en nuestro país. Sin embargo, no debe perder de vista que fue, ante todo, un logro político, indispensable para alcanzar el “logro económico” que son sus beneficios, pero no necesariamente los asegura o garantiza.

Dice el refrán que “el diablo está en los detalles” y lo aprobado a finales del año pasado no asegura que esos detalles no puedan frustrar buena parte de los beneficios anticipados. El ejemplo más claro fue la reforma de finales de 2008, la cual según el gobierno anterior afirmó “permitirá construir un sector energético que sea una palanca para el desarrollo de México”1  y que, a la vuelta de 5 años, se ha reconocido como un fracaso.  

También vale la pena recordar el entusiasmo de muchos analistas del sector privado con la reforma anterior: por ejemplo, en junio de 2008 el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señalaba “creemos que esta reforma es una de las más significativas propuestas de cambio que están bajo consideración para fortalecer las condiciones competitivas del país”2. No obstante, hace pocos meses el Director General del IMCO afirmaba que “si medimos el éxito de la reforma de 2008 en producción de hidrocarburos, su efecto fue un desastre”3.

Las reacciones de algunos analistas ahora asemejan a las de hace 5 años. En términos del impacto de la reforma energética sobre el crecimiento de la economía las “estimaciones” van desde 1.5 puntos porcentuales adicionales hasta 2.3 puntos, en tanto que en lo relativo a los flujos adicionales de inversión extranjera directa las cifras oscilan de 5-6 mil millones de dólares anuales hasta los 20 mil millones (¡!).

En realidad, ninguno de estos estimados tiene algún sustento objetivo mientras no se definan los “detalles” críticos, dentro de los cuáles se deberá incluir de manera muy significativa la implementación (ejecución) de la reforma.

Existen al menos tres aspectos aún por definir pero cuyas características e instrumentación serán determinantes para el éxito de la reforma. El primero tiene que ver con la reestructuración que es indispensable del propio PEMEX frente al nuevo entorno que  presumiblemente emanará de la reforma. Si la paraestatal no tiene una “cirugía mayor” en su estructura, sus políticas de operación, de inversión, de recursos humanos y relaciones laborales o en su gobierno corporativo, entre otras, difícilmente podrá competir frente a empresas privadas que incursionen en las áreas donde hasta ahora ha gozado de su condición monopólica.

Peor aún, podría existir la tentación (o los incentivos) para acotar o condicionar la participación privada a áreas o con modalidades que no representen una amenaza para Pemex, pero que al mismo tiempo limiten los alcances y beneficios de la reforma.

Por ejemplo, la exclusión de la representación sindical del Consejo de Pemex fue un logro político pero con un limitado impacto. En el actual Consejo el Gobierno Federal tiene 6 representantes, hay 4 consejeros independientes y el sindicato tiene 5 asientos, por lo que la influencia de éste último está acotada. La mayor fuerza del sindicato emana del contrato colectivo de trabajo, del que aún no se sabe si se modificará y en qué términos.

El segundo aspecto se refiere a las entidades reguladoras que serán reestructuradas o creadas como consecuencia de la reforma: la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control del Gas Natural. No basta con que sean autónomas si, como ocurrió con la reforma anterior, la Comisión Nacional de Hidrocarburos se integró por medio de “cuotas partidistas” acordadas en el Congreso. 

Por último, el tercer aspecto crucial es el relacionado con las características o modalidades que de los contratos con las empresas privadas, así como su ejecución y/o administración. De nuevo, las experiencias previas como fueron los contratos de servicios múltiples o los contratos incentivados, así como casos como la refinería de Cadereyta, mostraron importantes deficiencias de definición o ejecución que impidieron o limitaron en forma importante obtener los resultados que se habían planteado.   

Por ello, aun reconociendo el éxito político que representa la reforma energética aprobada, es todavía prematuro presuponer su éxito en términos económicos y, todavía más, hacer estimaciones más o menos objetivas de sus impactos en la economía mexicana.

 


1 J. Herrera, Secretario de Energía, Reforma Energética. Noviembre 2008.

2 R. Newell, Director General del IMCO, Impacto económico de la reforma energética propuesta sobre la renta petrolera y el régimen fiscal de PEMEX. Foros de Debate sobre la Reforma Energética. Senado de la República. Junio 2008.

3 J. Pardinas, Director General del IMCO, Del 2008 al 2013. Periódico Reforma. 4 de agosto de 2013.

Oscar Vera Oscar Vera Doctor en Economía con especialidad en Finanzas Públicas por la Universidad de York, en Inglaterra. Director general de Asesoría y Estrategia Económica, S.C. Director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) entre 1991 y 1996. Economista en Jefe para México y América Latina de Deutsche Bank entre 1996 y 1999. Funcionario de las secretarías de Programación y Presupuesto y de Energía, Minas e Industrias Paraestatales entre 1981 y 1984.