La moral tributaria (¿te cae que eso existe?)

La moral es un árbol que da moras (…o sirve para una chingada)

Gonzalo N. Santos (político mexicano 1896-1979)

Sin duda que hablar de moral es peligroso, moralistas los hay de todo tipo y calibre y no los vayamos a indignar por andarnos metiendo en sus temas. Pero hay un tema de moral que nos es propio a quienes, como yo, nos dedicamos al tema de los impuestos: la moral tributaria. Cuando hablamos de moral tributaria nos referimos a la conducta de los sujetos de la relación tributaria: contribuyente y autoridad exactora.

En efecto, mucho se habla de la necesidad de moralizar la conducta de los contribuyentes y a veces (a veces no tan pocas veces) hace falta esa moralización; pero no nos equivoquemos, la conducta moral es deseable en el contribuyente, pero la única exigible es la legal. No se trata de suplir la una por la otra y argumentar que, por inmoral, una conducta fiscal es ilegal o indebida y debe sancionarse o desconocerse. Lo hemos analizado en entregas pasadas y los invito a remitirse a ellas.

La parte que es poco comentada es la necesidad de una conducta moral en la autoridad, concediendo desde ahora, que la única exigible, nuevamente, es la legal. Si nos adentramos en los estudios que hablan de estos temas comenzamos a encontrar luces que nos permiten avanzar en el camino correcto. Hace muchos años tuve la oportunidad de asistir a la Asamblea General del CIAT[1] en Quito, en abril de 2011. El tema central era, precisamente, la moral tributaria.

En un momento (hace cuatro años) en que la amenaza de un combate mucho más dramático y despiadado contra la elusión y evasión fiscales apenas se perfilaban (quien nos iba a decir donde estaríamos hoy, BEPS no existía…) en esa reunión internacional se presentó un enfoque que a mí me pareció refrescante y esperanzador: más allá de ver cómo combatir a los evasores, lo importante es ver cómo convencemos a los contribuyentes de cumplir voluntariamente. Encontrar por qué no pagan los contribuyentes es fácil y las razones son obvias, la pregunta interesante es: ¿por qué pagan los cumplidos, qué razones los motivan?

Aquí recuerdo la frase celebérrima de Oliver Wendell Holmes Jr., Juez de la Suprema Corte en EUA (1902-1932), que dijo: “Los impuestos son el precio que pagamos por una sociedad civilizada” (lo dijo en un discurso en 1904 y después en una sentencia en 1927). Y nosotros, ¿estamos dispuestos a pagar ese precio? O mejor aún: ¿Cuál es el precio que cada quien está dispuesto a pagar?

El CIAT presentó a Benno Torgler quien expuso un estudio de Lars Feld, Bruno Fey y el propio Torgler: “Recompensando a los contribuyentes cumplidos”[2]. La tesis central del estudio de campo es: El nivel de disuasión es muy bajo cómo para explicar el alto grado de cumplimiento fiscal (“the level of deterrence is too low to explain the high degree of tax compliance”). Dicho en otras palabras, midiendo el índice de aversión al riesgo en grupos de contribuyentes de distintos países, el temor a ser descubiertos y sancionados si no cumplen, no alcanza a explicar el nivel de cumplimiento. Ponen como ejemplo los casos de EUA y Suiza entre otros, en donde el temor medido de los contribuyentes tendría que ser 15 o 20 veces más grande de lo que es para explicar que en los EUA, por ejemplo, se presentan voluntariamente más de 144 millones de declaraciones anuales y en Suiza, el nivel de cumplimiento voluntario es de más del 76%.

Lo que para nosotros es interesante es una de sus afirmaciones: “La amenaza es mucho menos efectiva en un país donde se percibe que la ley no se cumple y que no hay exigencia forzosa de cumplimento”. ¿Les suena familiar? Todo indica que, para que motivemos una sana recaudación primaria (es decir, sin necesidad de actos de autoridad por parte del SAT) es indispensable que haya un verdadero Estado de Derecho.

En esta misma corriente de pensamiento (y varios de los trabajos de estos autores lo reiteran) se habla de que para motivar a los contribuyentes se requiere de acciones positivas por parte del Estado; concretamente se habla de 5 requisitos:

(1) Vigencia del Estado de Derecho, que impere la legalidad y no haya impunidad rampante;

(2) Que exista un verdadero control de la corrupción (correcto destino y administración de gasto público);

(3) Que no haya tratamientos favorables o excepcionales que se perciben como injustos para los demás;

(4) Aplicar una política de “no escape” en la que sin importar el  costo o beneficio económico de las auditorias, SIEMPRE se debe exigir cumplimiento (aunque sea “políticamente incorrecto”); y

(5) Intercambio de información y transparencia tanto de contribuyentes como de autoridades, poniendo especial énfasis en cuidar los derechos fundamentales de los contribuyentes, tales como el secreto fiscal.

No parece tan difícil, al menos conceptualmente; pero mientras en este país no comencemos a legislar y a gobernar con el mejor interés de México y de los mexicanos como guía por encima de los intereses partidistas o de grupo, no lo vamos a lograr. Hagamos del Estado de Derecho una realidad, reformemos al sistema fiscal y hagámoslo justo y equitativo, apliquemos la ley siempre y verán la diferencia.

Insisto en algo que he dicho muchas veces y lo seguiré haciendo: la legalidad es un estado de cosas muy particular; si no alcanza a regular a todos, no puede proteger a nadie. No admite grado, existe o no.

[1] Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, www.ciat.org

[2] Rerwarding honest taxpayers? Puede consultarse en https://ideas.repec.org/p/cra/wpaper/2006-16.html