El SAT: promotor de la inversión productiva

13 Abril, 2015

En este mundo, ninguna cosa es cierta salvo la muerte y los impuestos

Benjamin Franklin

 

Con motivo de mi especialidad a lo largo de los años he tenido la oportunidad de hablar con profesionistas de muchos países; en varias ocasiones, con directores de impuestos a nivel mundial de importantes empresas multinacionales.

En alguna ocasión, uno de estos directores me decía que a ellos no les asustaba que hubiera violencia en algún país; que en ciertas partes del mundo necesitaban contratar mercenarios para proteger sus instalaciones o para defender sus embarcaciones de piratas. Me explicaba que en esos casos, si el negocio era lo suficientemente bueno, iban adelante pero cargaban a su proyecto una “prima de riesgo” que justificara no solamente el desembolso adicional por la seguridad, sino también el riesgo implícito para su personal y activos.

Al término de su explicación de la “prima de riesgo” me dijo que el riesgo más difícil de medir (y la prima más cara para sus proyectos productivos) era la falta de certidumbre jurídica. Que el riesgo implícito en hacer negocios en un país donde no hubiera una clara legalidad, con autoridades confiables y tribunales accesibles era en muchos de los casos, inadmisible. Incluso, me explicó, uno de los aspectos más importantes al medir este riesgo de falta de legalidad se daba en materia de impuestos; ello, toda vez que más allá de temas específicos regulatorios propios de la actividad o de la jurisdicción, en todos los países del mundo hay que pagar impuestos, de una u otra forma.

Si al planear un proyecto productivo de gran envergadura e importantes aportaciones de capital y de capacidad crediticia, continuó explicando, no podemos estar seguros de que se respetará nuestro derecho a deducir las inversiones productivas, de que habrá acceso a la devolución de saldos a favor, de que en caso de diferencias de opinión con el fisco local, habrá acceso a medios de defensa efectivos y transparentes, el costo que debemos cargar al proyecto por “prima de riesgo” será más alto y ello demeritará necesariamente la riqueza que quedará en el país de que se trate.

Es evidente que México es un mercado muy importante para muchísimas empresas y que están dispuestas no solamente a seguir aquí, sino a venir con inversiones nuevas y nuevos proyectos; sin embargo, si dichas empresas no tiene certeza jurídica en cuanto a su situación fiscal, serán más exigentes en cuanto al retorno sobre su inversión, es decir, se querrán llevar más a su país (y dejar menos aquí).

Es claro también que las autoridades fiscales alrededor del mundo tienen una misión específica de recaudación, no de promoción de inversiones; que su labor es evitar la elusión y evasión fiscales y no la de propiciar ventajas para los inversionistas; que deberán verificar el cumplimiento a través de sus facultades de comprobación y no hacer la vida más llevadera a las administraciones de los negocios;  y que, si detectan faltas en el cumplimiento de obligaciones fiscales, su obligación será la de sancionar hasta sus últimas consecuencias a los infractores. Así es y nadie pretende lo contrario.

Lo que me parece importante y la reflexión que comparto con ustedes es que, si bien es cierto que es importante que la autoridad fiscal sea fuerte, debe también ser justa; que si es importante que exija el cumplimiento de obligaciones fiscales a TODOS también debe hacerlo siempre respetando los derechos de TODOS; que si es importante que tenga facultades de interpretación de la ley y de emisión de criterios,  es fundamental que los aplique siempre en estricto acatamiento del mandato constitucional de legalidad. Que si alguien está en su derecho de solicitar una devolución de IVA y lo hace de manera correcta, obtenga la devolución de SU DINERO de manera expedita y transparente, independientemente de si alguna otra persona vinculada a la cadena productiva de dicho contribuyente ha incurrido en omisiones de pago u otras faltas a sus obligaciones fiscales.

México es uno de los países con más socios comerciales (tratados comerciales y de protección de inversiones) en el mundo (tal vez sea el primero); tiene en vigor una red de tratados para evitar la doble tributación de más de 50 tratados y tenemos acuerdos de intercambio y asistencia administrativa con cerca de 70 países; nuestro país es miembro de la OCDE y del FMI y ha asumido formalmente obligaciones de libre conversión y transferencia de divisas (o sea, no establecer un control de cambios). Todo esto proporciona a los inversionistas un marco de referencia y seguridad jurídicas inmejorable, ya que para modificar su situación jurídica en México hace falta renegociar tratados y no por un mero cambio de idea en el congreso todo puede cambiar de un día para otro.

En este contexto, el Servicio de Administración Tributaria puede convertirse en el mejor promotor de la inversión en nuestro país en la medida de que actúe, dentro del más estricto cumplimiento de sus funciones, en un marco de absoluta legalidad y respeto a los derechos fundamentales de los contribuyentes. Así de sencillo.

No pretendo afirmar con esto que el SAT actúe cotidianamente de manera ilegal o abusiva; sin duda podríamos identificar casos de abusos o falta de legalidad, pero no me parece que sea la regla general. Lo que sí creo es que hay mucho en lo que podemos mejorar y así ofrecer a los inversionistas (nacionales y extranjeros) la certeza jurídica que necesitan en materia tributaria. No olvidemos que para poder distribuir correctamente la riqueza en nuestro país, necesitamos primero generarla; y que la única entidad capaz de generar riqueza, es la empresa.

 

*Manuel E. Tron, presidente Honorario de la International Fiscal Association (IFA).

Twitter: @metron01

correo: metronp01@gmail.com

Manuel E. Tron Manuel E. Tron Presidente Honorario de la International Fiscal Association (IFA)