Más allá del recorte al gasto público

En las últimas décadas, y a fin de evitar escenarios deficitarios cuando –por una u otra razón- no se obtienen los ingresos estimados, el gobierno mexicano ha hecho del recorte al gasto público una dolorosa pero necesaria receta.

Ante la urgencia de la situación, el recorte resulta aconsejable.

Sin embargo, el tema de los tijeretazos al presupuesto devela, al menos, un par de problemas que tienen que enfrentarse desde ahora para impedir futuros recortes que –literalmente- amputan posibilidades de crecimiento y desarrollo de la infraestructura nacional.

El primer punto es el de evitar que el gasto público crezca inmoderadamente cuando los ingresos se recuperan.

El presupuesto del año pasado fue de 4.6 billones de pesos. Ese monto es más del doble, en términos reales, del presupuesto del último año del Presidente Ernesto Zedillo en el 2000 que fue de 1.1 billones de pesos (cifra que, actualizada por la inflación de 15 años, daría un gasto total de 1.98 billones).

Hoy gastamos el doble que hace década y media y mantenemos el mismo ritmo de crecimiento frente a los mismos niveles de pobreza.

Por ello, no deja de extrañar el llamado de Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, para impulsar los recortes si durante la administración del Presidente Felipe Calderón –en la que ocupó tres años la Secretaría de Hacienda- el gasto creció en un 50% en términos reales (de 2.2 a 3.7 billones de pesos).

El segundo tema tiene que ver con el despilfarro del gasto asignado. Cientos son los casos que se documentan día con día de corruptelas y de excesos con cargo al presupuesto federal que quedan impunes.

Desalienta saber que la Secretaría de la Función Pública (SEFUPU), cuya función principal es la de inspeccionar el ejercicio del gasto y evaluar su congruencia con el presupuesto aprobado, no solo está lejos de controlar o contener el problema del ejercicio irresponsable del gasto, sino que en esa misma dependencia se observen prácticas que deberían ser sancionadas.

Tal es el caso del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEFUPU, Jorge Pulido, quien para asistir a un evento en Malasia, con colegas de otros países, realizó el viaje por una ruta tres veces más larga con escala en Frankfurt, Alemania en donde se detuvo a descansar un par de días, aprovechando ese tiempo para encuentros familiares y personales con cargo a nuestros impuestos.

Por ello, no basta que el gobierno anuncie que los funcionarios no volarán ahora en clase “business” en rutas de menos de cuatro horas y de que les van a dejar de pagar –por enésima ocasión- sus teléfonos celulares. La austeridad debe ser norma permanente en la administración pública. Las sanciones a los funcionarios públicos que malgasten recursos también.

Virgilio Andrade, titular de la SEFUPU, no necesita mandar a su abogado a Malasia para saber que la Ley para Combatir la Corrupción (de 2008) faculta a la Comisión Malaya Anticorrupción para sancionar el desvío de fondos públicos hasta con 20 años de prisión y multa equivalente a 5 veces el monto mal utilizado, mientras que aquí no pasa de la inhabilitación temporal del funcionario.

@erevillamx