Oleada de solicitudes de refugio de centroamericanos y venezolanos ponen en jaque al gobierno
México responde lento a la crisis de refugiados venezolanos que vive.
La necesidad de acogida creció frenéticamente a partir de 2016, a un paso que ni el presupuesto ni el personal para atender a los refugiados pudo seguir.
2015 batió el record de desplazamientos forzados a nivel mundial con 65.3 millones de personas que huyeron de sus países en busca de protección contra la violencia, la persecución y la pobreza a causa de conflictos o guerras.
En México fue hasta 2016 que se agudizaron las solicitudes de refugio por parte de desplazados forzados. En 2017 la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) registró casi 14 mil 600 solicitudes, un número récord, apenas en 2013 no rebasaban las mil 300, es decir, en cinco años se multiplicaron once veces.
Los venezolanos fueron los causantes del estrepitoso repunte. Si bien México no es el principal receptor de desplazados forzados desde Venezuela, en 2016 y 2017 su llegada se multiplicó de forma alarmante.
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Más de 4 mil venezolanos solicitaron refugio en México durante 2017, dos años atrás -en 2014 y 2015- menos de 60 lo hicieron. Por primera vez en cinco años ocuparon el segundo lugar como mayores solicitantes de refugio, muy de cerca de los hondureños, el primer lugar con 4 mil 272 solicitudes.
Los venezolanos huyen de su país porque sufren escases de alimentos, medicamentos y acceso a servicios sociales básicos; también pérdida de ingresos, inseguridad y violencia, problemas desatados por una crisis económica que disparó la inflación hasta 85% en 2017 y provocó una caída de 15% del Producto Interno Bruto (PIB).
Hacia 2017 más de 1.6 millones de venezolanos habían huido de su país, un número mayor al millón de personas que cruzaron el mar Mediterráneo en 2015 –el peor momento de la crisis de refugiados en Europa- quienes huían de conflictos bélicos o persecuciones sobre todo de Siria, Afganistán, Eritrea y Sudán del Sur.
Los venezolanos se suman a la oleada –también creciente- de hondureños y salvadoreños que llegan a México en busca de protección. En 2016 las solicitudes de refugio por parte de los desplazados de ambos países se duplicaron. Las de originarios de Honduras pasaron de mil 560 a 4 mil 129 y las solicitudes de originarios de El Salvador pasaron de mil 476 a 3 mil 493.
Foto: Incifras.org
Pero en México la respuesta ha quedado corta.
48 empleados de la Comar -cuatro menos que en 2017- atenderán en 2018 un rezago de 7 mil solicitudes de refugio irresueltas a nivel nacional, el doble que las registradas en todo 2015 y el triple que en 2014, más las que se acumulen.
Las solicitudes rezagadas representan 60% del total de las recibidas en 2017 y un incumplimiento a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político que obliga a la Comar a resolverlas en un plazo máximo de 45 días hábiles.
El rezago creció en parte porque la Comar suspendió su obligación de responder a las solicitudes de refugio en los plazos establecidos por la ley el 30 de octubre de 2017, justo durante el año que más solicitudes de refugio recibió en lo que va del sexenio.
Su argumento fue que luego del sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México reubicaron a su personal en instalaciones que “no cuentan con la capacidad operativa para garantizar el desarrollo de los procedimientos”, pero la suspensión continúo vigente por lo menos hasta febrero de 2018.
“Esta circunstancia resulta preocupante […] los solicitantes no tienen acceso a documentos migratorios para acreditar su regular estancia en México y poder ejercer una actividad lucrativa que les permita solventar sus necesidades básicas”, denunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que hizo un “llamado urgente al gobierno federal ante el posible colapso del sistema de protección a refugiados en México” en febrero de 2018.
Suponiendo que todos los trabajadores de la Comar se encargaran de resolver los trámites de solicitud de refugio, en 2018 los 48 empleados arrancaron con un rezago de 145 cada uno más los que se acumulen; en 2017 los 52 empleados atendieron 280, una cifra muy distante a las 50 solicitudes que atendieron 42 empleados en 2014.
Pero los trabajadores no son lo único rebasado, a pesar del estrepitoso aumento de solicitudes de refugio entre 2016 y 2017, el presupuesto de la Comar no ha registrado un incremento significativo.
Apenas creció 1.5% anual en 2018 para ubicarse en 25.7 millones de pesos y recuperarse de la reducción de 13% anual que sufrió en 2016 –uno de los años con más solicitudes- cuando se ubicó en 22.5 millones.
México se obligó a acoger a los refugiados a través de la firma de diversos tratados internacionales, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que establece para los 142 naciones firmantes el deber de legalizar su estancia, otorgarles las condiciones para que puedan acceder a un empleo, servicios de salud y educación, pero sobre todo, no regresarlos al país de donde huyeron.
Como parte de ese compromiso, en 2016 arrancó un programa en el municipio de Saltillo para integrar a refugiados que hasta mayo de 2018 había acogido a 224 personas, la mayoría familias completas provenientes –principalmente- de Centroamérica. El programa es coordinado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) con el apoyo de las autoridades municipales.
A los refugiados que se encuentran en Tapachula, Chiapas o Tenosique, Tabasco les ofrecen reubicarlos a la capital de Coahuila con la promesa de un trabajo y seguridad social, incluso algunas escuelas privadas han ofrecido becas para los niños centroamericanos.
El detalle es que para acceder a las bondades del programa en Saltillo es necesario realizar el proceso burocrático para obtener el reconocimiento de refugiado por parte de la Comar, así como obtener la tarjeta de migración y la Clave Única de Registro de Población (CURP).
La Comar suspendió sus actividades revisión de solicitudes de refugio desde octubre 2017.
Solo la tercera parte de los solicitantes de refugio concluyó los trámites burocráticos en 2017, el restante 70% los abandonó o se desistió, es decir, 10 mil 121 solicitantes de un total de 14 mil 596. Entre 2013 y 2016 el promedio de desistidos había sido de 32% de los solicitantes.
Los procesos desistidos o abandonados son como una negación de facto a la protección internacional, una situación que preocupa porque “presumiblemente se dan como respuesta a los largos plazos de resolución y a la poca información que se proporciona a los interesados”, asegura la CNDH.
En México aún no existen mecanismos para que los migrantes puedan solicitar refugio sin ser detenidos, lamentó Kelly Clements, la Alta Comisionada Adjunta de la Acnur, quien durante su visita a México en febrero de 2018 señaló que los solicitantes le expresan su frustración por la demora para expedir sus documentos.
La situación ha generado que individuos con necesidades de protección no la soliciten y por lo tanto queden sujetos a la devolución y a múltiples riesgos en su estancia, aseguró Clements.
No obstante la pesada burocracia, cabe destacar que el país ha incrementado significativamente el número de reconocimiento de refugiados concedidos. En 2017 representaron 63% del total de los solicitantes que concluyeron el proceso, mientras que en 2013 fueron apenas 37%.
“México se está convirtiendo en un país de destino para un creciente número de refugiados, este cambio en la dinámica migratoria ha generado retos significativos para la sociedad civil, para los organismos internacionales y para las autoridades, particularmente para la Comar”, destacó Clements.
MÁS INFORMACIÓN: Llamado urgente al gobierno federal ante el posible colapso del sistema de protección a refugiados en México, CNDH, 25 de febrero de 2018.
MÁS INFORMACIÓN: Acuerdo por el que se suspenden los plazos y términos de los procedimientos que lleve a cabo la Comar en la Ciudad de México, 30 octubre de 2017.
MÁS INFORMACIÓN: Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 1951, Acnur.
