Gestión de Rosario Robles desvió mil 311 mdp en Sedesol y Sedatu: ASF
De acuerdo a lo publicado en el diario Reforma, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó desvíos de hasta mil 300 millones de pesos en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles Berlanga.
Según el reporte del medio capitalino, los desvío se realizaron a través de pagos a empresas fantasma, y al parecer en algunos casos, les encargaron parte de los trabajos solicitados por las dependencias.
La Auditoría Superior efectuó tres auditorías a recursos ejercidos en 2014 y 2015, y descubrieron que parte de ese dinero fue transferido a Monex y CI Banco para que después fuera repartido en cuentas domiciliadas en distintos países.
Monex recibió 37.1 millones de pesos, con los que se compraron dólares que fueron transferidos a cuentas en China, Ecuador, Bélgica, Israel y EU a nombre de Desarrollo Comercial El Olivo y Servicios Empresariales Helte. En CI Banco se depositaron 28.9 millones de pesos, transferidos a America Highway Electronics Network y Comercializadora Texdenim, en Corea del Sur, China y Pakistán.
Rosario Robles fue titular de la Sedesol de diciembre de 2012 al 26 de agosto de 2015. En esta dependencia, de acuerdo con el periódico, el desvío se hizo a través de la contratación de Radio y Televisión de Hidalgo, cuyos contratos fueron firmados en marzo, mayo y septiembre de 2014, y después en enero y febrero de 2015.
Mientras que en la Sedatu– que empezó a dirigir del 27 de agosto a la fecha– ahora los contratos fueron con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, firmados en julio, septiembre y octubre de 2015.
La ASF señaló que los convenios con estas dependencias evadieron los requisitos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En total, Sedesol y Sedatu subcontrataron a 84 proveedores, de los cuales, al menos 13 resultaron ser empresas fantasmas.
Las auditorías D17002, D17011 y D17012 finalizaron el 19 de enero y su realización fue autorizada en marzo, julio y agosto del año pasado tras recibir denuncias.
Las auditorías deben ser entregadas a la Cámara de Diputados y, en caso de que los entes fiscalizados no puedan desvirtuar las irregularidades, se podrá interponer una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).
