Impunidad en México dificulta labor de Corte Penal Internacional
Los gobiernos de Venezuela y Filipinas se encuentran oficialmente bajo la lupa de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra su población civil. La pregunta es si al gobierno mexicano le tocará su turno, y cuándo.
El 8 de febrero de 2018, la fiscal de la CPI Fatou Bensouda anunció que la corte comenzaría una evaluación preliminar del gobierno venezolano y el filipino, un proceso en el que se analiza la información proporcionada a través de denuncias para decidir si procede una investigación formal.
Al gobierno filipino se le acusa de haber cometido ejecuciones y actos de violencia extra-judicial en contexto de su campaña contra el consumo y venta ilegal de drogas en su territorio, mientras que a las autoridades venezolanas se les acusa de uso excesivo de fuerza, encarcelamiento y abusos contra oposición política durante manifestaciones callejeras.
Fatou Bensouda, fiscal de la CPI
A México no le ha tocado estar bajo la mira de la CPI. Sin embargo, se tienen reportes de tres documentos enviados a la fiscalía de la corte en los que se detallan crímenes cometidos por el gobierno mexicano contra la población civil.
Hasta donde se tiene noticia, la CPI sólo ha respondido a uno de estos documentos.
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La CPI se define a sí misma como una organización global e intergubernamental encargada de investigar crímenes de guerra, genocidio y otras ofensas cuando el gobierno responsable de castigar dichos crímenes se ve incapaz o indispuesto para hacer cumplir la ley.
La corte fue establecida en 1998 mediante el Estatuto de Roma, un tratado que obliga a los países firmantes a cooperar con ella en caso de que ésta inicie un proceso judicial en contra de uno de sus ciudadanos.
México es uno de los 123 países firmantes del Estatuto de Roma. El tratado se firmó en septiembre del 2000 y entró en vigor en el país en enero de 2006.
Las tres denuncias
Desde 2011 se han reportado tres denuncias contra el gobierno mexicano frente a la CPI.
La primera fue presentada en noviembre de 2011 por el abogado mexicano Netzaí Sandoval, según reportes de la prensa local.
En ella se responsabiliza al gobierno del entonces presidente Felipe Calderón por 40 mil muertos y 120 mil desplazados entre 2007 y 2011, señalándolos como consecuencia de la política securitaria contra el crimen organizado instaurada por Calderón en diciembre de 2006.
Hasta ahora, no se ha hecho pública una respuesta por parte de la CPI.
Miles de muertos y desplazados son atribuidos a la política securitaria de Felipe Calderón
Las otras dos acusaciones fueron hechas por la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH): una en 2014 y otra en 2017.
Una relacionada con crímenes de lesa humanidad cometidos por los miembros del ejército y de los cuerpos policiacos federales, estatales y municipales contra la población de Baja California Sur entre 2006 y 2012.
El Estatuto de Roma reconoce como crímenes de lesa humanidad los actos de asesinato, tortura, exterminio, esclavitud, traslado forzado, encarcelación ilegal, violencia sexual, persecución, apartheid y desaparición forzada cuando son realizados de manera consciente, generalizada y sistemática contra una población civil.
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El documento enviado por la FIDH como parte de la denuncia menciona detenciones de civiles sin orden judicial, tortura en instalaciones militares, firma de documentos que incriminan al firmante como o a terceros e implantación de drogas y armas para justificar acusaciones criminales.
Estos crímenes, según el documento, fueron cometidos con conocimiento y consentimiento de autoridades militares y policiales.
La segunda acusación del FIDH se hizo contra el gobierno el gobierno del estado de Coahuila por haber cometido crímenes de lesa humanidad contra la población civil a través de organizaciones de seguridad estatal y en cooperación con el crimen organizado entre 2009 y 2016.
De acuerdo con el documento entregado por la FIDH, la policía estatal y las policías municipales fueron partícipes de actos de tortura, secuestro y desaparición forzada cometidos por el grupo criminal Los Zetas, ya sea involucrándose directamente en ellos u omitiendo su castigo.
Una respuesta poco grata
De las tres denuncias, sólo la hecha por la FIDH en 2014 ha recibido una respuesta que se conozca públicamente. En diciembre de 2017, la prensa local hizo público el dictamen de la CPI, hecho a través de una carta con número de referencia OTP-CR-325/12.
En la carta la CPI acepta que en México se han dado violaciones graves en contra de derechos humanos. Sin embargo, explica, estas violaciones pueden ser atribuibles a elementos de contexto más amplios, como una estructura judicial débil, altos niveles de impunidad y el crecimiento del crimen organizado.
Esto, añade la carta, no disminuye la gravedad de la situación de derechos humanos en México, pero sí dificulta a la CPI la clasificación jurídica de las acusaciones hechas como crímenes de lesa humanidad.
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La carta concluye determinando que, dado que los crímenes señalados por la FIDH no pueden identificarse como parte de un ataque general y sistematizado contra la población civil, no califican como crímenes de lesa humanidad, dejándolos fuera de la competencia de la CPI.
En cuanto a la acusación hecha en 2017 por los crímenes cometidos en Coahuila se refiere, ésta no ha recibido respuesta que se conozca públicamente. Sin embargo, el documento que se envió a la CPI fue presentado frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2017.
La Policía Federal es una de las instituciones denunciadas por el FIDH
La delegación representante de México estuvo presente durante la exposición del documento y se comprometió a combatir los crímenes denunciados, de acuerdo con un comunicado de la FIDH. La delegación, no obstante, rechazó cualquier tipo de cooperación internacional en el proceso.
Entre agosto y octubre de 2017, se denunciaron en México mil 411 desapariciones, según datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Esto equivale a una persona desaparecida cada hora y media aproximadamente.
MÁS INFORMACIÓN: Estatuto de Roma, Corte Penal Internacional
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MÁS INFORMACIÓN: La Corte Penal Internacional Rehuye el caso de México, Proceso, 14 de diciembre de 2017
