Eliminan legisladores la defensa de los derechos de las audiencias por el IFT
En un mundo al revés los patos apuntan con la escopeta a los cazadores.
Algo similar sucederá a partir del 1° de noviembre con la entrada en vigor de las recientes reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Las modificaciones aprobadas por los diputados en abril y luego por los senadores en octubre le arrebataron al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) una de las atribuciones que le dan sentido a su existencia, la de regular a los servicios de televisión y radio en favor de los derechos de las audiencias.
Dicho de otra manera, le arrebataron a los televidentes y radioescuchas a su principal defensor, el IFT, y los dejaron a merced de la voluntad de los empresarios del sector.
Los legisladores eliminaron la facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones para establecer las obligaciones mínimas de los defensores de las audiencias para proteger los derechos de los usuarios y por tanto la posibilidad de sancionar a los concesionarios que las incumplan.
Las radiodifusoras y televisoras podrán actuar según les convenga sin importar los derechos de los usuarios.
A partir de 2014 los concesionarios de radio y televisión deben contar con un defensor de las audiencias que reciba y procese las observaciones, quejas, sugerencias o peticiones de los televidentes o radioescuchas respecto del contenido y la programación.
Se trata de un interlocutor con los concesionarios que tiene por objetivo protejer los derechos de las audiencias tales como: recibir contenidos con pluralismo ideológico, político y social, así como libres de discriminación; garantizar la accesibilidad de contenidos a ciudadanos con discapacidad; diferenciar claramente las noticias de las opiniones y la publicidad; respetar los horarios de la programación, entre otros.
Sin embargo, las reformas a la ley de telecomunicaciones abrieron un espacio para que los defensores de las audiencias actúen como mejor le convenga a las radiodifusoras o televisoras y no supeditados a los derechos de los usuarios.
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Pues los legisladores eliminaron también la facultad del IFT para elaborar los lineamientos base para que los concesionarios expidan sus códigos de ética, en su lugar, cada empresario los realizará bajo un principio de auto regulación, es decir, a su criterio, no habrá un estándar homologado que establezca mínimos indispensables.
Pasar de un modelo corregulatorio a una autorregulatorio es crear un régimen de excepción donde los regulados son juez y parte, porque crean su propio instrumento regulatorio –código de ética-, definen su implementación e incluso deciden sobre la rendición de cuentas, asegura la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA).
“Este modelo de autorregulación subordina el interés público al privado ya que en caso de vulneración a los derechos de las audiencias el IFT no tendría herramientas para intervenir […] los estándares de protección serán tan laxos como los medios de comunicación quieran y tan respetados o violados como sus intereses lo determinen”, señala Observatel, un observatorio de Telecomunicaciones.
Arrebatar al IFT la facultad para intervenir en el nombramiento del defensor de la audiencia elimina la garantía de que su elección se ajuste a criterios de imparcialidad e independencia, ya que no es posible establecer requisitos que eliminen posibles conflictos de interés, además de que ya no rendirán informes al IFT y además el regulador no podrá objetar los códigos de ética, advierte AMDA.
El IFT se quedó con sus buenas intenciones
El Instituto Federal de Telecomunicaciones se quedó con sus buenas intenciones.
En diciembre de 2016 expidió los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias, un documento donde sentó las bases para regular y delimitar -mediante sus facultades constitucionales y legales- la defensa de las audiencias de televisión y radio.
Los lineamientos detallan los principios rectores de la defensa, los mecanismos para hacerlos efectivos; los requisitos y obligaciones de los defensores de las audiencias y de los códigos de ética de los concesionarios.
El IFT quedó sin voz ni voto para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Sin embargo, el instituto presidido por Gabriel Contreras pospuso en dos ocasiones su entrada en vigor porque el expresidente del Senado, Pablo Escudero y el presidente de la República, Enrique Peña, cuestionaron sus facultades para expedir los lineamientos mediante dos controversias constitucionales que debía resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pero sin esperar a que el máximo tribunal resolviera las controversias, los diputados y senadores decidieron limitar las facultades del IFT, dejando al organismo como un mero observador de la interacción entre los concesionarios y las audiencias, con las manos atadas.
Una posible solución
Hay tres medios para echar atrás las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de acuerdo con Observatel.
El IFT puede emitir una controversia constitucional en los próximos 30 días hábiles a partir del 31 de octubre, fecha en que se publicaron las reformas en el Diario Oficial, bajo el argumento de que los legisladores vulneraron su facultad constitucional para defender los derechos de las audiencias.
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La segunda opción es que un grupo de particulares interpusiera un amparo argumentando que las reformas vulneran sus derechos y la tercera que la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el 33% de los senadores interpusieran una acción de inconstitucionalidad.
MÁS INFORMACIÓN: Congreso da la espalda a derechos de las audiencias y arrebata facultades al IFT, Observatel, 26 de octubre de 2017.
MÁS INFORMACIÓN: Senado aprueba reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión contrarias a los derechos de las audiencias, AMDA, 26 de octubre de 2017.
MÁS INFORMACIÓN: Lineamientos generales sobre los derechos de las audiencias, IFT, diciembre de 2016.
