Francisco Mayorga Castañeda

¿Cuál es la filosofía que sustenta la política pública sobre el campo en México?

El convencimiento de que el campo es un factor de desarrollo y no una carga. El campo no es un lastre que el resto de la sociedad tiene que llevar, sino un sector que puede hacer contribuciones importantes al crecimiento, al empleo, a la balanza comercial, al desarrollo tecnológico o al mejoramiento ambiental.

¿Acaso se sigue viendo al campo como una carga?

Sí, muchos discursos políticos, medios de comunicación o estudiosos se siguen refiriendo al campo como un sector abandonado, depauperado, que el sector público se desentendió a raíz de la apertura comercial y de la aplicación de políticas económicas mas liberales. Se tiene la idea de un campo desmantelado, sin rumbo. Ese es el mensaje que se transmite en medios de comunicación o en el Congreso y con el que no estamos de acuerdo. Sin negar que existen problemas de pobreza, de deterioro de recursos naturales o de injusticias en las relaciones comerciales, seguimos profundamente convencidos de que el campo es un factor de desarrollo.

El ex secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena dijo en una vieja entrevista que el país se perdió cuando se abandonó el campo, ¿comulga con esta idea?

México tiene un sistema muy peculiar de tenencia de la tierra. Tenemos más de la mitad del territorio bajo la propiedad social –ejidos y comunidades- y poco menos de la mitad bajo el régimen privado. En la práctica observamos que el sistema ejidal tiene más dificultades que el sistema privado para prosperar en una economía de mercado: generalmente no tiene acceso al crédito, está diseminado o está organizado más para efectos políticos. En ese sentido comparto la visión de don Antonio que señala esa profunda dificultad estructural del sector social para injertarse en una economía global. En su conjunto no estamos ante una situación catastrófica, pero viendo el potencial que tiene el campo, sí comulgo con esa postura que hay mucho por hacer sobre todo en el sector social.

¿Qué factores impiden liberar el potencial del campo?

El primero es la estructura dual de tenencia de la tierra que no tiene razón de ser. Hay que replantear el tema de los derechos de propiedad, no solo de la tierra, sino también del agua y de la pesca que son resabios muy antiguos que vienen de la época colonial. En el campo tenemos muchísimas figuras asociativas que no tienen conectividad con el régimen comercial o fiscal del resto de la economía; entonces cómo puede un grupo de campesinos pequeños vender trigo a Bimbo directamente sin intermediarios, o como un banco les va a dar financiamiento si no tienen garantías reales, obligándolos a ir con los agiotistas. La mayoría está en esa situación: El 53% de la superficie del territorio está bajo el régimen de propiedad social y el 70% de los productores. Esta situación está en la raíz de los problemas y hay una serie de agentes que medran con ello y por eso no hemos visto prosperar las cooperativas.

También hace falta una visión de la alimentación. Si vemos como está organizado el gobierno federal, veremos muchos cortes: Agricultura se encarga de la producción primaria, la comercialización está en manos de Economía y los temas sanitarios están divididos entre Salud, Cofepris y Senasica. No hay normalización de los productos del campo. La calidad no se premia, se privilegian el abasto y los precios sobre la equidad en las relaciones comerciales…

¿Es un problema de eficiencia de la gestión pública? 

Es un problema de diseño. Atrás del abasto está la visión de una economía cerrada y de un Conasupo que compraba para garantizar el abasto; pero eso no tiene sentido en una economía de mercado. Lo que el gobierno tiene que buscar es que los mercados funcionen de manera equitativa y eficiente.

¿Cuál tendría que ser ese diseño institucional para el campo?

Hemos propuesto que mientras un producto del campo no sufra transformación hasta llegar al consumidor, debe ser la secretaría de Agricultura la responsable de ese proceso; como ocurre en Estados Unidos, Francia, Alemania o Japón. Pero ahora hay muchos cortes. Si hablamos de la carne, Agricultura es responsable de la vaca, puerco o gallina cuando entra vivo al rastro; sin embargo al momento que se mata al animal allí entran los municipios –porque el servicio del rastro está en la Constitución- pero el municipio no tiene manera de vigilar la sanidad de los rastros.  Ir a un rastro municipal es para volverse vegetariano, las descargas de aguas no las tratan y se vuelven fuentes de contaminación. La comercialización del ganado choca con una serie de mafias, sindicatos, que encarecen el producto. Entonces, nadie es responsable…

…Está diciendo que el mal diseño institucional produce distorsiones que provocan corrupción, ineficiencias y costos elevados. Parece demasiado elemental que no hace falta pedirle estudios a la OCDE…

Recurrimos a la OCDE porque no hay el interés de los grandes tomadores de decisiones…

¿Quién debe tomar la decisión…porque estoy hablando con el secretario de Agricultura?

Sugiero que sean los propios involucrados. Que Salud, Economía, Hacienda, Presidencia de la República y Agricultura analicen detalladamente cada uno de los casos más importantes como el frijol, la leche, el azúcar, el maíz y la carne para ver dónde se pierde la responsabilidad de alguien concreto y cómo todo queda en una maraña en donde nadie puede tomar decisiones. La ciudadanía, el Congreso, el propio Presidente de la República y nosotros mismos, como secretarios, nos sentimos ante un tsunami que se viene y no podemos actuar porque el diseño institucional no lo permite.

Pareciera que es rehén del diseño institucional.

Sí. Según un estudio de la FAO que se realizó en 2009 hay 17 dependencias federales que estamos aplicando los mismos programas al campo.

Este diseño institucional hace gravemente ineficiente el ejercicio del presupuesto público.

Por supuesto. Por eso antes de seguir aumentando los presupuestos al sector y colocar más instancias para ejecutar programas, se debe hacer un proceso inverso: Vamos a ponernos de acuerdo, a saber quién hace qué, para exigir cuentas, transparencia y eficacia.

¿Por qué no se hizo esto antes?

Porque la visión de muchos diputados, senadores, candidatos, gobernadores y líderes es que ‘el sector está abandonado y hay que meterle más billetes’.  Es esa lógica…

…¿Es una lógica de ganancia política?

Sí, pero también hay una gran ignorancia en la práctica. En lo general existe interés de apoyar al campo pero hay una enorme ignorancia y no hay mecanismos de evaluación.

¿Qué responde a las críticas de que México está perdiendo a su sector agropecuario?

Primero, no es una situación claramente de pérdida y, segundo, diría que estamos muy por debajo del potencial por lo que no estoy nada satisfecho con lo logrado. Pero vamos por partes: El maíz ha tenido un crecimiento sostenido desde que se abrió la frontera en 1994. En frijol somos autosuficientes aunque ha caído el consumo per cápita. Hemos tenido un retroceso muy fuerte en arroz y es uno de los sectores más afectados por la apertura. En azúcar estamos arriba de los 5 millones de toneladas y tenemos excedentes para exportar. En leche ha crecido la producción pero seguimos importando el 30% del consumo de lácteos. En cárnicos hay un tremendo crecimiento en el consumo de proteína animal. Resumiendo diría: Hemos perdido competitividad en algunos granos básicos, el caso más dramático es el arroz. Hemos perdido fuerte producción en oleaginosas aunque estamos recuperándonos, hemos recuperado algodón, y ha crecido fuerte el sector de cárnicos lo que explica porqué importamos tanto grano para darle de comer a los pollos, vacas y puercos. Ahora, ha crecido muy fuerte la producción de frutas y hortalizas y somos el principal proveedor de Estados Unidos y Canadá.

¿Cuál es su balance del sector?

Es positivo. No hay ninguna actividad que haya sido eliminada por causa de la apertura comercial, hay algunas que están afectadas como el arroz, o en proceso de transformación como el cacao o el algodón.

¿Qué tanto ha afectado la violencia al campo?

Sí ha afectado pero en diferente medida. Hay estados donde la afectación es muy grave como en Tamaulipas, Michoacán o Chihuahua. Hay otros, en el sureste, donde no hay una afectación.

¿Hay algún cálculo que cuantifique la merma por la violencia en el campo?

Es difícil porque es muy heterogéneo por regiones. Ha provocado que los productores se muden de una región a otra y otra cosa que hemos observado es el impacto en los costos. Por ejemplo los ferrocarriles que traen el grano de Estados Unidos, de Tamaulipas o de Sinaloa hacia el centro del país ya no aseguran el grano, entonces el comprador o vendedor tienen que asegurar el grano. Eso también está pasando con los transportistas carreteros o con los prestadores de servicios, como los trilladores. Cada vez es más caro y difícil. ¿Cuánto aguanta o de qué tamaño es el daño? ¡Quién sabe! Pero de qué está pegando, está pegando; sobre todo a futuro porque la inversión no se da, y la renovación de los equipos y la tecnología se difieren. Es como una muerte lenta.

¿Cuál es su apreciación sobre la estructura oligopólica de compradores en el agro?

He llegado a contar 15 empresas mexicanas transnacionales en alimentos y algunas son líderes mundiales en su sector como Bimbo, Gruma o Lala. Yo pregunto, ¿cuántas de sus compras son a productores nacionales? Sé que Bimbo tenía una silla en el Canadian Wheat Board (Consejo Canadiense del Trigo) porque es un actor importantísimo del mercado del trigo en Canadá, de Estados Unidos o de Australia; pero compra muy poco en México y nunca, o casi nunca, compra directamente por la desconfianza, la manipulación política, o los programas de gobierno. Bimbo no encuentra oferta nacional y se va a los mercados internacionales y  así le puedo multiplicar los casos. El tema financiero también juega: El proveedor americano de Arkansas le da 6 meses de crédito a tasas irrisorias al procesador de arroz en México, entonces el industrial mexicano prefiere financiarse con su proveedor de arroz, porque aquí no hay quien oferte eso. Son piezas que hacen falta en el rompecabezas que mucha gente no las entiende y por eso la reacción rápida es que el ‘campo es ineficiente’ o ‘el campo no produce’.

Sobre las propuestas electorales al campo, ¿ha visto alguna que le aliente?

No. La verdad no. Es un tema que ha pasado muy superficialmente en las campañas de todos. La respuesta común es que hay que meterle más dinero, pero son lugares comunes. El problema es que no hay diagnóstico.

(Derechos Reservados, Arena Pública 2012)